El argumento central es sencillo: al no existir tiendas alternativas ni la posibilidad de comprar juegos digitales fuera del ecosistema de Sony, la compañía japonesa tendría vía libre para fijar precios sin competencia real, lo que según los denunciantes se traduce en sobrecostes de hasta un 47% para el usuario final, una práctica que ya han bautizado como el "impuesto Sony". La presión se ha intensificado tras la reciente confirmación de que Sony dejará de fabricar juegos físicos para PS5 a partir de enero de 2028.
El caso, que ya lleva meses en los tribunales neerlandeses, podría sentar un precedente importante sobre
cómo las grandes compañías gestionan sus tiendas digitales cerradas, en un momento en el que el fin de
los formatos físicos hace que este debate sea más urgente que nunca para los jugadores.

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